La Fiscalía dispuso un grupo de especialistas para realizar las evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas vinculadas con las denuncias contra el ginecólogo Gustavo Kumiega.
La medida apunta a coordinar los estudios y evitar que las denunciantes atraviesen procedimientos reiterados sin necesidad.
La resolución fue firmada el martes 20 de octubre por la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N.º 6 de Resistencia. La decisión se adoptó en el expediente N.º 29014/2026-1 y en actuaciones acumuladas por conexidad, ante la cantidad de denunciantes y la naturaleza de los hechos investigados.
Especialistas de dos organismos judiciales
El cuerpo reunirá profesionales del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial del Chaco y del Equipo Interdisciplinario de Adultos. Echarri pidió a las autoridades de ambas áreas que designen especialistas en medicina, psicología y psiquiatría forense.
La Fiscalía busca organizar las evaluaciones y reducir la revictimización mediante la prevención de intervenciones innecesariamente repetidas. La disposición también establece que se apliquen criterios de debida diligencia reforzada.
Entre los fundamentos se incorporaron lineamientos del Centro Judicial de Género, que proponen considerar la posible asimetría de poder entre un profesional médico y sus pacientes. Las conductas bajo análisis incluyen presuntas situaciones de violencia psicológica y médica, además de posibles afectaciones a la integridad sexual y reproductiva. Su esclarecimiento dependerá de las pruebas reunidas.
Diez denuncias y nuevas medidas de prueba
La Justicia contabiliza diez denuncias: seis por presuntos abusos sexuales durante consultas ginecológicas, tres por supuesta mala praxis y una por un presunto abuso sexual fuera del ámbito médico. Nueve expedientes quedaron concentrados en el Equipo Fiscal N.º 6 por disposición de la Procuración General; el restante sigue a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera.
Kumiega permanece detenido y fue imputado por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva, conforme a la Ley 26.485. Una de las hipótesis investigadas es que habría inducido a pacientes a someterse a cirugías mediante diagnósticos engañosos.
Este miércoles se allanó el Sanatorio Sarmiento de Resistencia y se secuestró material biológico considerado relevante para la causa. El procedimiento se sumó a otros realizados el viernes anterior en establecimientos y domicilios vinculados con el ginecólogo. La resolución prevé además que el Gabinete Científico del Poder Judicial pueda intervenir si hacen falta inspecciones, relevamientos documentales, registros fotográficos u otras diligencias.
