Siete organizaciones no gubernamentales presentaron ante Naciones Unidas un informe sobre el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela, con señalamientos sobre detenciones arbitrarias, censura, autocensura y restricciones contra medios, periodistas, artistas y organizaciones civiles.
El documento fue elaborado para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal y analiza el período 2022-2026. Allí se advierte que el Estado venezolano profundizó un esquema legal y político que limita el ejercicio de derechos fundamentales.
Siete organizaciones señalaron un patrón contra la prensa independiente
El informe fue presentado por Artists At Risk Connection, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, PEN International, PEN Venezuela y Reporteros Sin Fronteras.
Según el documento, en Venezuela se consolidaron prácticas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento judicial, censura y autocensura. Las organizaciones indicaron que el uso de conceptos amplios como “odio”, “zozobra”, “fascismo”, “seguridad nacional”, “bloqueo”, “traición” o “intereses de la República” permite interpretaciones discrecionales para justificar limitaciones a los derechos humanos.
Las ONG sostuvieron que el marco legal venezolano no solo restringe derechos específicos, sino que también construye una “arquitectura de control del espacio cívico”. Según el relevamiento, distintas normas son utilizadas para castigar discursos, disciplinar a medios, controlar organizaciones sociales y criminalizar acciones de incidencia internacional.
Detenciones, causas judiciales y falta de garantías
Uno de los puntos centrales del informe es la situación de los trabajadores de prensa. Las organizaciones recordaron que en 2025 la cantidad de trabajadores de medios detenidos llegó a 26.
El documento señala que las detenciones arbitrarias de periodistas abarcaron desde arrestos por períodos menores a 24 horas hasta encarcelamientos superiores a cuatro años. También remarca que la violación del debido proceso fue una constante en este tipo de acciones contra la prensa independiente.
Las ONG indicaron que, en los casos judicializados, se formularon imputaciones genéricas por delitos graves como terrorismo y asociación para delinquir, figuras que no admiten libertad condicional. Además, afirmaron que ninguna de las personas procesadas tuvo acceso a un abogado de confianza.
El reporte también afirma que la caída de Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero junto con Cilia Flores por fuerzas especiales norteamericanas, no modificó por completo el escenario. Según las organizaciones, el hostigamiento siguió después de que Delcy Rodríguez asumió la presidencia del país.
Bloqueo de sitios web y presión sobre artistas
El relevamiento incluido en el informe sostiene que en Venezuela permanecen bloqueados 206 sitios web, de los cuales 65 corresponden a medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil. Las ONG describen esa práctica como parte de un patrón de censura sistemática ejecutado por el Estado venezolano durante una década.
El documento también advierte sobre la situación de artistas y trabajadores culturales entre 2022 y 2026. Según las organizaciones, ese sector enfrentó censura, autocensura, vigilancia, detenciones arbitrarias y el uso de figuras penales amplias para perseguir voces críticas.
Las entidades señalaron que la percepción de monitoreo sobre publicaciones en redes sociales, obras artísticas e interacciones digitales fortaleció la autocensura y redujo la participación en espacios de debate y difusión cultural.
